«Existe reconocimiento de las convenciones internacionales en la Constitución, en las leyes de la madre naturaleza … pero sólo en papel, no se sostiene, no se implementa. Están descategorizando áreas protegidas para permitir la extracción de recursos, ¡y estos son territorios ancestrales! El Estado es un títere manipulado por compañías transnacionales.”

– Perspectiva de Bolivia

«A pesar de que existan avances constitucionales, las leyes que se publican son inconstitucionales y violan los derechos indígenas reconocidos en la Constitución.”

– Perspectiva de México

“Es necesario apoyar el autogobierno y la ley indígena; sin esto, la Convención 169 o la DNUDPI no sirven de nada, es un arma de doble filo.”

– Perspectiva de Colombia

Este eje temático abarca en amplitud todos los temas y proyectos de investigación de CICADA:

– Los derechos de pueblos indígenas; o bien, los derechos fundamentales consagrados en los marcos internacionales de derechos humanos, reconocidos a nivel nacional a través de la ley estatal y definidos en la jurisprudencia internacional y nacional;

– El derecho propio indígena en cuanto a la elaboración autónoma de normas indígenas que sustentan el autogobierno y la autodeterminación; e

– Las interlegalidades; en relación con los encuentros entre el derecho indígena y otros sistemas jurídicos.

Los derechos y leyes indígenas, y las interlegalidades aplican en contextos de economías extractivistas que involucran una variedad de actores con diferentes agendas y modelos de desarrollo que a menudo chocan con los de los pueblos indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas que afirman sus derechos y leyes pueden verse confrontados a una oposición violenta. En algunas regiones, esta problemática involucra de igual manera a actores ilegales armados, lo que genera impactos dramáticos en la autonomía indígena y planes de vida. Las acciones legales son; por tanto, son una opción en el conjunto de herramientas y la lucha por su implementación hacia la protección territorial es muy importante.

Nuestros proyectos de investigación exploran las interacciones entre los diversos aspectos legales de los diferentes actores en los planos local, nacional, regional e internacional para mostrar cómo estas interacciones afectan la elaboración de leyes y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas hacia su autonomía y auto-determinación para generar resultados que puedan ayudar a defender y fortalecer sus leyes, sus derechos, sus planes de vida. En el taller latinoamericano de 2018, colaboradores indígenas dentro de la red CICADA articularon varias preocupaciones clave para este tema, incluyendo las inconsistencias entre los marcos nacionales y el derecho internacional; la implementación y la brecha entre la ley escrita y la ley en la práctica; y los medios incompletos de protección de los derechos territoriales indígenas y el derecho autónomo. A pesar del creciente giro hacia la ley, como muchos lo expresaron, al confiar en los tribunales y las acciones legales, las y los participantes subrayaron que a menudo tienen resultados limitados y que se requieren otras estrategias complementarias más efectivas, incluyendo el fortalecimiento del autogobierno, salir a la calle en protesta, participar en investigaciones comunitarias y establecer vínculos entre los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, así como con la comunidad académica.

La red de CICADA fomenta la investigación no sólo para fomentar que los estados y los actores externos, como las empresas, sean más responsables en la defensa de los derechos y leyes indígenas, sino también como un recurso invaluable para que colaboradores indígenas fortalezcan su propio análisis y cuenten con respuestas frente a su autonomía y autodeterminación.

Desde su aprobación en 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) ha generado un consenso global sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluido el derecho a la libre determinación, en virtud del cual pueden determinar libremente su desarrollo económico (Art. 3). Asimismo se habla sobre el derecho a la autonomía en asuntos relacionados con sus propios asuntos internos y locales (Art. 4); sobre el derecho a determinar sus prioridades para ejercer su derecho al desarrollo (Art. 23). En consecuencia, ciertas acciones estatales, como las medidas que afectan a tierras ancestrales y medios de vida indígenas, no están permitidas sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas (CLPI). Las preguntas de investigación sobre este tema incluyen: ¿Cómo se implementa la DNUDPI en Canadá y América Latina? ¿Cuáles son los desafíos que existen al hacer cumplir las normas del derecho internacional en el derecho interno? ¿Cuáles son la respuestas de los poderes judiciales frente a este desafío? ¿Existe coherencia entre las políticas corporativas sobre el CLPI? Y más aún, ¿puede haber una aplicación extraterritorial de los derechos humanos o las normas DNUDPI, por ejemplo, en relación con las corporaciones canadienses que operan en América Latina?

Donde los sistemas estatales no han logrado defender los derechos indígenas y reconocer los territorios ancestrales y los sistemas de gobierno, los pueblos y comunidades indígenas han afirmado su autonomía a través de su propia legislación y prácticas de gobierno. Las preguntas de investigación incluyen: ¿Cuáles son los mecanismos o enfoques desarrollados por los pueblos y comunidades indígenas para responder a las invasiones en sus territorios, para apropiarse o vernacularizar el CLPI o implementar otras normas, o bien, para relacionarse con actores externos? ¿Cómo pueden los grupos indígenas compartir lecciones relacionadas con estas innovaciones? ¿Cómo es el reconocimiento de la realidad de las legalidades indígenas en su discurso académico y político y en la educación jurídica?

«Interlegalidad» es un término acuñado por el sociólogo Boaventura Sousa Santos para describir el paisaje policéntrico que existe como consecuencia de leyes establecidas en diferentes escalas (locales, nacionales, internacionales), por diferentes actores (estados, pueblos y comunidades indígenas, empresas u otros) que interactúan al mismo tiempo y en el mismo espacio . Esta interlegalidad es el resultado de «zonas de contacto» donde diferentes sistemas legales se encuentran entre sí con una variedad de efectos (dominación, emancipación, violencia, entre otros), y donde hay «porosidad» y retroalimentación entre estos sistemas legales, y heterogeneidad dentro de ellos. Pero, por ejemplo, cuando las conexiones y responsabilidades territoriales indígenas chocan con los derechos otorgados a las corporaciones sobre los recursos, los conflictos desencadenados como consecuencia de las protestas indígenas contra los desarrollos tienden a criminalizarse en lugar de tratarse como una cuestión de jurisdicción con respecto a diferentes órdenes legales. En la mayoría de los casos, tales conflictos son juzgados por tribunales estatales y leyes con poca o ninguna consideración dada a los sistemas y normas legales indígenas.

Las preguntas de investigación sobre este tema incluyen: ¿Cómo afectan los sistemas jurídicos externos a la legislación indígena y las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para mantener sus aspiraciones de autonomía? ¿Cómo puede la ley estatal responder mejor a las leyes e instituciones indígenas, incluso a través de la educación de funcionarios, procedimientos flexibles como la negociación e instituciones híbridas con mandatos para recurrir a la ley indígena? ¿Qué potencial hay para que las ontologías indígenas realicen un cambio en la conceptualización, dentro de las legalidades dominantes, de algunos de los problemas más amplios, como la degradación ambiental y el cambio climático, que estamos todos enfrentando?