Las organizaciones indígenas amazónicas CONFENIAE (Ecuador) y AIDESEP (Perú) junto con Fundación Pachamama impulsan una nueva iniciativa de colaboración destinada a proteger permanentemente 60 millones de hectáreas de bosques tropicales en las cabeceras del río Amazonas: las cuencas de los ríos Napo, Pastaza, y Marañón de Ecuador y Perú, un área conocida como las Cuencas Sagradas de la Amazonía. Los gobiernos de Ecuador y Perú están buscando implacablemente expandir las actividades petroleras y mineras en el corazón de esta área. La Iniciativa de las Cuencas Sagradas de la Amazonía convoca a los pueblos indígenas, las ONGs, la comunidad filantrópica y los gobiernos para establecer una región binacional protegida – fuera de los límites de la extracción de recursos a escala industrial.

La minería ilegal, el mercurio que pone en riesgo la vida del pueblo Uitoto desde hace 20 años Versus la declaratoria de la Amazonia como sujeto de derechos, frente a la preocupación de los lideres pueblo Uitoto tal y como lo relata el líder indígena Gibuiña: «Desde el año 2000 empezó nacer niños con deformidad, con lengua corta, retraso mental, huesos frágiles, deformación de los pies y ojos. Nacen niños con hidrocefalia nacen y viven unos días y se mueren, cada año aparece 5 o seis niños deformados y se mueren a los 2 0 3 años. Los adultos sufren trombosis, locura, sistema nervioso, fiebres desaliento, anemia. Las mujeres de un momento a otro se desmayan, sienten desaliento, no pueden trabajar, se les cae el cabello y tienen leucemia, tumores y llagas en la piel, yo tengo una bola de mercurio en mi codo, es por el pescado que comemos, el río Caquetá está contaminado muy preocupante porque apenas somos 800 personas y nos vamos a desaparecer». El miedo que se vive por parte de los líderes indígenas en Colombia por cualquier tipo de denuncias que se pueda hacer.

“A raíz de las consecuencias que ha generado la minera canadiense (Gold Corp) a nuestros pueblos, violando los derechos de las comunidades al instalarse sin el consentimiento de los comunitarios. La actividad minera ha desatado una gran cantidad de problemáticas: conflictos, contaminación ambiental, ideologías alienantes, criminalización, enfermedades, rompimiento del tejido social y atentados contra nuestros derechos como pueblo Maya Mam. […] La Pastoral Defensores de la Madre Tierra, tenemos nuestra propuesta y alternativa ante este megaproyecto. Retomar la política del bien común que mencionan nuestros abuelos y abuelas en nuestro libro sagrado el Popol Wuj. Trabajar la defensa de la Madre Tierra desde la Cosmovisión Maya, desde la identidad de los pueblos, desde el modo de vivir ancestral, para así poder velar por el bien común de nuestras comunidades. El primer paso tomado en cuenta es la sanación de la Madre Tierra y la sanación de la persona que ha sido herida por muchos años de colonización.”

El Pueblo Mapuche Lavkenche de la región de Biobío en Chile ha vivido a lo largo de su historia logros para su reconocimiento institucional, inicialmente con el Tratado de Tapihue en 1825, y luego a través de la Ley Indígena 19253 de 1993, y más recientemente la Ley Lavkenche 20249 de 2008. A pesar de estos éxitos, el pueblo lavkenche se ha enfrentado a importantes retos legales que los posicionan en oposición a estrategias gubernamentales que amenazan su sustento, notablemente la ley de pesca, la cual afecta a los Lavkenche y los pescadores artesanales de la región, quienes dependen en los recursos del borde costero.

El territorio Yshir se encuentra en parte dentro de una reserva de biósfera declarada por la UNESCO llamada la del Gran Chaco. Hoy en día se está buscando declarar un Sitio de Patrimonio Mundial al pantanal paraguayo, también territorio Yshir. El Sr. Ozuna comenta que hace más de 10 años están luchando por el territorio Eshma de unas 8.500 hectáreas que se inserta en medio de su área ancestral, separando en dos el territorio y las seis comunidades Yshir, que cuentan con una población de unas 2.500 personas.

Radio Ucamara, activa en la provincia de Loreto en Perú, aborda a través de diferentes medios de comunicación problemáticas importantes afectando a las comunidades indígenas de la región. Radio Ucamara sigue el desarrollo y proceso de estos proyectos que amenazan el sustento, la soberanía y los derechos de los pueblos cucama del area, que se han considerado como “nativos invisibles” debido a la desaparición del idioma tradicional. Por esa razón, para el fortalecimiento cultural de las comunidades Kukama, Radio Ucamara apoya la revitalización de la lengua kukama a través de programas educativos llevados a cabo por la última generación de hablantes cucama. De forma más urgente, Radio Ucamara también acompaña y le hace seguimiento a proyectos locales que surgen como reacciones a políticas del estado, como la protección de los cursos de agua amenazados por mega-proyectos como la Hidrovía Amazónica.

En la comarca Ngöbe-Buglé, Celestino Mariano Gallardo trabaja con A.A.MI-CRO, la Asociación Ambientalista Mirono-Cronomo, para la protección del territorio de la Comarca, la cual se ve amenazada por los sistemas estatales de normas territoriales que van en contra de la forma tradicional y cultural de los pueblos en cuanto a sus derechos. Las negociaciones entre las entidades gubernamentales como el ministerio de ambiente (Miambiente) y los líderes indígenas se ven afectadas por la inaccesibilidad del sistema legislativo de territorios y recursos, como los derechos del estado sobre el suelo, el bajo suelo, los bosques y los ríos, al igual que las áreas comunitarias protegidas. Estas áreas, las cuales se denominan áreas de “sistemas de conservación” y “sistemas de protección de los recursos naturales”, son utilizadas para justificar el derecho absoluto del gobierno sobre estas tierras, a las cuales se les atribuye luego concesiones para proyectos industriales bajo el pretexto del deber de desarrollar el país a través de la explotación de sus recursos, notablemente mineros.

Los pueblos originarios del distrito de Urracá, en el norte de Santa Fe, ubicados en las provincias centrales de Panamá, se enfrentan a retos particulares por haber sido excluidos de la ley 10 que delimitó la Comarca Ngöbe-Buglé en 1997. De esta forma, las comunidades de Urracá no son protegidas por derechos importantes que brindan dicha ley. Por ejemplo, no se están llevando a cabo procesos de consulta indígena para proyectos mineros, ya que el territorio se encuentra fuera de la legislación comarcal. Así es que el gobierno ha atribuido un gran número de concesiones mineras a compañías privadas y a proyectos de infraestructura como el plan “La Conquista del Atlántico”, el cual se enfoca principalmente en la creación de carreteras que pasan por el distrito de Urracá para llegar hasta la costa atlántica.

Desde la creación de la represa en el río Chepo, Panamá, las comunidades Emberá y Drua han sido desplazadas de su territorio original hacia lo que ahora es la Reserva Hidrológica de Majé. Sin embargo, desde 1970 en que inició el conflicto, el Ministerio de Ambiente de Panamá mantiene a estas comunidades sin ningún poder legal sobre estas tierras, ya que la titulación de tierras colectivas se ha paralizado desde abril de 2016, al alegar que los polígonos del territorio Maje Enberá-Drua se traslapan con la Reserva Hidrológica de Majé. A pesar de extensos diálogos con el gobierno Panameño, hasta hoy éste problema no se ha resuelto.

Sesión de preguntas, comentarios y sugerencias para el investigador Felipe Pérez Jvostov, quien prepara una investigación en Panamá que se concretizara en forma de “mapas de diversidad biocultural” que indican la ubicación de lugares con más probabilidad de encontrar una cierta especie de plantas, suplementados con información sobre el uso tradicional y medicinal de estas plantas en diferentes áreas del territorio panameño.

El CEMI, o Centro de Estudios Médicos Interculturales, es una organización sin ánimo de lucro creada en 2006 y miembro institucional del Consorcio desde 2015, pero lleva una historia de más de 30 años de encuentros con comunidades indígenas y el planteamiento de una misión común, la de fortalecer los sistemas tradicionales de conocimiento, llevando este conocimiento medicinal tradicional a las instituciones científicas de corriente dominante. De tal forma, el CEMI introduce conceptos de salud tradicionales indígenas a la academia a través de publicaciones e investigaciones académicas en colaboración con médicos tradicionales. Desde ese entonces, el CEMI busca igualmente a definir la salud en un contexto indígena, la cual se ha representado como la Buena Vida.

Los sistemas tradicionales de cultivos de la vainilla, como sistema rector para la conservación de la diversidad biocultural y la manifestación de las resistencias de los pueblos indígenas en la región del Totonacapan, en el estado de Veracruz, México.
Situación actual de los espacios y territorios de los pueblos originarios que cultivan la tierra, y el embate de proyectos extractivistas y las formas de desplazamiento sociobiocultural.

Organización comunitaria del pueblo Maseual Nahuat y Totunaku de la Sierra nororiental del estado de Puebla, México. Organización de la sociedad cooperativa agropecuaria regional Tosepan Titataniske (unidos venceremos) compartir las experiencias de la organización de pequeños productores, sus objetivos y retos sobre la autonomía y soberanía alimentaria. Experiencias del consejo Maseual Altepetajpianij (vigilantes de la sierra). Temas sobre la defensa de la vida y el territorio, con acciones sobre la demanda en contra de la minería, subestación eléctrica, plantas hidroeléctricas y fracturación hidráulica.

“El pueblo indígena Monkoxi es propietario del territorio indígena de Lomerío de 260 mil hectáreas, ubicado en Santa Cruz – Bolivia. La distribución y uso de la tierra y recursos naturales se hace de acuerdo a nuestras costumbres. En los recursos naturales que pertenecen al Estado (minería por ejemplo) tenemos serios problemas en nuestro derecho al consentimiento. Los conflictos internos son resueltos mediante nuestra justicia propia a cargo de autoridades de cada una de las 29 comunidades y de la CICOL (Central de Comunidades Indígenas Originarias de Lomerío)
De las más de 6 mil personas que vivimos en nuestro territorio indígena, el 99 % somos de la nación monkoxi y en Asambleas Comunales e intercomunales decidimos nuestros planes de vida, en base a los cuales exigimos al gobierno municipal y nacional, recursos económicos para programas y proyectos desde nuestra perspectiva cultural. Sin embargo, tenemos serios problemas porque los funcionarios públicos no respetan nuestra visión de desarrollo. Ahora estamos exigiendo al Estado que se elimine el gobierno municipal y reconozca Autonomía Indígena de base territorial, cuyas autoridades administrarán recursos Estatales desde nuestra visión y serán elegidas por nuestros usos y costumbres sin la presencia de los partidos políticos. Para nosotros el territorio indígena no solo son los recursos naturales, también es ejercer nuestro derecho al autogobierno de acuerdo a nuestros usos y costumbres.”

En la región de Predio Putumayo de la Amazonía Colombiana, que es el hogar de diferentes pueblos indígenas como los Uitoto, los Bora, y los Miraña, se ha creado por esas comunidades la Casa del Pensamiento, un centro educativo indígena donde se combinan las investigaciones y técnicas narrativas propias con programas escolares estatales adaptados a las realidades amazónicas. De ahí surgen y se documentan conocimientos y rituales tradicionales del área, como la comunicación con las plantas sagradas para contrarrestar proyectos extractivos que amenazan el sustento tradicional. El proyecto doctoral de Camilo Gómez explora esta interacción entre lo sagrado y las problemáticas actuales, investigando las posibilidades que trae el consentimiento libre previo e informado, el cual habilita espacios diplomáticos donde las realidades indígenas y el estado pueden dialogar para llegar a acuerdos adecuados.

No obstante los avances tanto jurídicos como políticos que en materia de derechos de pueblos indígenas se han verificado en América Latina y norteamerica desde la aprobación de la DNUDPI el 2007, en una medida importante gatillados por esta, persisten serios desafíos para la vigencia y el disfruto pleno de los mismos derechos. Ello en particular en materia de derechos políticos, como la libre determinación, prioridades de desarrollo y autonomía, como en materia de derecho a la tierra, al territorio y al manejo y conmservación de los recursos naturales reconocidos en ella. El mayor déficit para el goce efectivo de estos derechos, sin embargo, es en el referido a la protección efectiva de los derechos territoriales de estos pueblos, los que se ven afectados por la imposición, sin su consentimiento libre, previo e informado (CLPI), y sin la participación en los beneficios, como lo dispone la Declaración, de proyectos de inversión extractivos. Se trata de una realidad común tanto a América del Norte, Centro y Sur. El análisis se centrará tanto en América Latina, como en Canadá. Este último país dadas las implicancias que tienen las inversiones de empresas allí domiciliadas en América Latina, y las responsabilidades extraterritoriales del Estado canadiense para evitar que sus empresas violen los derechos humanos fuera de sus fronteras.

«En esta presentación, abarcaremos las presiones territoriales sobre el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía, Caldas (Colombia), y las estrategias desde el Gobierno Propio, y las alianzas inter-étnicas, nacionales e internacionales, que conllevaron a la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-530/16. Esta sentencia reconoce, entre otros temas, el origen colonial del Resguardo, y ordena su delimitación y la suspensión de los títulos mineros otorgados sin la consulta ni el consentimiento previo, libre e informado que traslapan con el resguardo. Explicaremos porque las estrategias y la sentencia son novedosas, e indagaremos los desafíos a futuro y las alianzas que queremos seguir tejiendo para fomentar la seguridad jurídica, y la paz, en este territorio.»

El uso de medios de información audiovisuales para expandir la defensa a lo exterior pero a su vez como metodología de fortalecimiento a los procesos organizativos de manera interna. La resistencia durante estos años a los proyectos extractivos en esta zona del continente ha sido lo más posible integral, por un lado el movimiento social, por otro lado atención a lo jurídico y por otro la celebración de la vida ocupando los territorios y haciendo uso de las alianzas creadas a lo largo de la trayectoria para desarrollar estrategias de comunicación audiovisual. Las estrategias de comunicación audiovisual son una manera digna de hacernos escuchar con la esperanza de lograr transformación de perspectiva de quien se permite visualizar y escuchar nuestro trabajo.

«A partir de 1984, inicié una experiencia de antropología compartida a largo plazo con una organización maseual (nahua), el Taller de Tradición Oral Totamachilis, en la Sierra Nororiental de Puebla. A petición del Taller, decidimos subvertir las relaciones clásicas entre el antropólogo y sus « informantes » indígenas. Elaboramos juntos proyectos de investigación sobre la tradición histórica y los archivos locales, la toponimia, la medicina maseual y los saberes acerca de la naturaleza (fauna y flora). En coautoría, hicimos publicaciones bilingües destinadas ante todo al pueblo maseual. En 2014, nuestros estudios tuvieron una nueva función: demostrar ante el tribunal la ocupación terrritorial indígena frente a las pretenciones de una empresa minera. En la misma perspectiva, en septiembre 2018 se empezó une investigación etnográfica de emergencia en el municipio cercano de Ixtacamaxtitlán, para empoderar a otra organización indígena en su lucha contra la minera canadiense Almaden Minerals que afirmó: « No hay indígenas allí ». Esta vez, la investigación la hacen 25 jóvenes indígenas y mestizos de una universidad indígena local, el CESDER, bajo la dirección de sus maestros. Ya hicieron la colecta de datos etnográficos, y están en la fase de análisis y redacción de un informe también destinado a la lucha que realiza una organización indígena regional.»

En la Sierra Nevada de Santa Marta, cuatro pueblos formando una población de alrededor de 100,000 habitantes, incluyendo los Kogui, comparten un territorio ancestral de 1,100,000 hectáreas. Recientemente, el gobierno colombiano dio en el marco jurídico de la constitución un decreto redefiniendo el territorio ancestral, el cual sobresalta el conflicto entre la constitución moderna que restringe los derechos indígenas al territorio y la ley de origen espiritual Kogui. Hoy en día, en la Sierra, se han otorgado 132 co-licencias a compañías extractivas para mega-proyectos de extracción de recursos, y 330 solicitudes de licencia han sido sometidas. Frente a los esfuerzos de industrialización del gobierno en el Resguardo Kogui, se ha consolidado el concepto de la ley de origen en la región para la defensa de los derechos territoriales.